Actores armados ilegales en tres UPZ de Fontibón, denuncia la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo expidió una alerta temprana en Bogotá, en donde advierte la presencia de distintos actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Frente de Guerra Urbano del ELN, facciones disidentes de las ex FARC y otros grupos como las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Boyacos’. Estos grupos fueron identificados en 10 localidades del Distrito Capital de Bogotá y 12 municipios de Cundinamarca.

El escenario en riesgo se compone de cuatro nodos que articulan dos corredores de movilidad:

  • Corredor oriental: Usme- Usaquén que conecta los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó
  • Corredor occidental: Sibaté- Chía que atraviesa zonas urbanas de Soacha hasta La Despensa, Cazucá, San Mateo y las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.

EN FONTIBON

El documento de la Defensoría del Pueblo, conocido como Alerta temprana 010-21, titulado como “localización geográfica de riesgo” para la localidad de Fontibón a las UPZs, Capellanía, San Pablo y Fontibón Centro, para un total de personas advertidas de 242.216

En los barrios que conforman las UPZ (Unidad de Poblamiento Zonal), coloreados de naranja, se concentrarían en Fontibón los grupos armados ilegales, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.

La entidad advierte una disputa entre grupos armados por el control de los corredores de movilidad, así como un intento de expansión hacia nuevos territorios. La red criminal funcionaría “como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos armados del crimen organizado con presencia regional o local; en el medio, se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales”.

El documento establece una serie de recomendaciones para mitigar el riesgo. Entre ellas, recomienda a la Alcaldía de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca y a las distintas alcaldías municipales, la elaboración de un plan de trabajo institucional e interinstitucional en donde se definan las estrategias y acciones coordinadas para responder a las amenazas.

Así mismo, recomendó establecer un mecanismo para prevenir “la ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal; respetar y garantizar las libertades civiles y políticas; prevenir infracciones al Derecho Internacional Humanitario; (ii) superar el escenario de riesgo advertido; y (iii) la revisión periódica de la evolución del escenario de riesgo y ajuste de medidas”.

Finalmente, alertó sobre la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación implemente un mecanismo donde se investiguen los hechos victimizantes identificados en la Alerta Temprana. (ver el documento de la Defensoría del Pueblo)

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